En un movimiento más duro que un ultimátum de película de acción, Estados Unidos impuso el jueves sanciones a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por votar contra un recurso de Israel. Los jueces Gocha Lordkipanidze de Georgia y Erdenebalsuren Damdin de Mongolia ahora tienen prohibido entrar a territorio estadounidense y sus bienes están más congelados que un invierno siberiano.
El secretario de Estado, Marco Rubio, salió con todo en un comunicado, acusando a la CPI de abusar de su poder y violar la soberanía de EE. UU. e Israel. Según Rubio, someter a ciudadanos de ambos países a la jurisdicción de La Haya es tan inaceptable como un spoiler en el cine. Estas sanciones se suman a las ya impuestas contra nueve magistrados y fiscales de la CPI, dejando claro que Washington juega duro cuando se trata de proteger a su aliado, cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, enfrenta una orden de arresto.
La CPI, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y denunció las sanciones como un «ataque flagrante» a su independencia, argumentando que opera bajo un mandato internacional, no como un peón en un tablero geopolítico. Mientras tanto, Israel cuestionaba en su recurso la competencia de la CPI para investigar presuntos crímenes en la guerra de Gaza contra Hamás.
Este enfrentamiento tiene más tensión que un drama de tribunal en prime time. Con sanciones volando como confeti, la pregunta es si esto es defensa de la soberanía o un puñetazo a la justicia internacional. Esto está más caliente que un debate en redes sociales.
