Este viernes, la Fiscalía de Perú ha pedido la retirada del pasaporte a la expresidenta Dina Boluarte por períodos de 18 y 36 meses, en relación con dos casos de corrupción de los siete que tiene pendientes, tras haber sido destituida por el Congreso. En el primer caso, por el que se solicitan 18 meses, se le acusa de un delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, relacionado con su intervención en la designación de funcionarios en el Ministerio de Salud y una serie de pagos que habrían favorecido a terceros a cambio de operaciones estéticas realizadas a su beneficio.
Por otra parte, la fiscalía especializada en delitos económicos ha requerido una prohibición de salida del país por 36 meses, debido a un presunto delito de lavado de activos vinculado al dirigente político prófugo Vladimir Cerrón, a quien se señala como líder de una red de contratación pública a cambio de sobornos. Las autoridades han justificado ambas solicitudes argumentando que buscan prevenir un posible riesgo de fuga de la expresidenta, un temor que ha circulado en rumores durante las últimas horas tras la moción de censura en su contra.
Estos rumores han sido desmentidos por el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, quien aseguró en su cuenta de X que «ella está en su casa; ese fue y será su paradero». Además, destacó que la expresidenta se someterá a las instancias estatales si es necesario y criticó la especulación mediática, instando a un «periodismo veraz, educador y responsable». Sin inmunidad tras su cese, Boluarte deberá enfrentar las siete investigaciones abiertas en su contra, acumuladas en casi tres años de mandato, más otras tres por hechos anteriores a su llegada al poder tras la caída de Pedro Castillo.
Entre las causas más avanzadas están las relacionadas con las muertes de 49 personas durante las protestas contra su gobierno a finales de 2022 y principios de 2023, así como un presunto delito de cohecho pasivo por la posesión de joyas y relojes de lujo.
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