¡Sorpresa en el mundo de las finanzas turbias! El juez cuarto de Distrito en materia administrativa, Ulises Oswaldo Rivera González, ordenó este 7 de abril a la Unidad de Inteligencia Financiera desbloquear las cuentas del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba. Sí, el mismo que ha sido más mencionado en escándalos que en discursos de campaña.
El amparo se concedió argumentando que la UIF violó la seguridad jurídica y pasó por alto compromisos internacionales del acuerdo del 2 de diciembre de 2019. Aunque este fallo le da un respiro a Yarrington, el juez aclaró que no afecta a otros involucrados con cuentas congeladas ni impide nuevas medidas contra el exmandatario, siempre que estén justificadas y sigan la ley. Es como devolverle el botín a un pirata, pero con un ojo del gobierno todavía vigilando.
Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó la capacidad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial previa si hay indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Este fallo, derivado de una reforma de 2022, define el bloqueo como medida preventiva, no como castigo. Sin embargo, algunos ministros advirtieron sobre riesgos a los derechos individuales, insistiendo en que los bloqueos deben ser justificados, temporales y con derecho a audiencia para los afectados.
Expertos alertan que estas medidas, aunque efectivas contra delitos financieros, pueden dejar a personas sin un peso para el café mientras pelean por recuperar su dinero. La oposición, con 49 senadores, impugna esta facultad por vulnerar la presunción de inocencia y el debido proceso. ¿Es esto una herramienta contra el crimen o un congelador de derechos? El debate está más caliente que un taco recién hecho.
