Elyzabeth García, madre de una joven asesinada en Aguascalientes, denunció haber recibido llamadas de intimidación después de solicitar que se reabriera la investigación por la muerte de su hija, al considerar que el caso no ha sido esclarecido y que no ha tenido acceso completo a la información oficial. De acuerdo con su testimonio recabado por La Silla Rota, las llamadas ocurrieron luego de que insistió en que la carpeta de investigación fuera revisada nuevamente y buscó apoyo institucional. En esas comunicaciones, personas presentadas como funcionarios le cuestionaron por qué continuaba con el proceso y le advirtieron que podría enfrentar riesgos si mantenía su postura. Básicamente, alguien quiere que se calle, pero ella no está para regalos.
La mujer dijo que una de las llamadas se realizó en nombre de un supuesto área de «asesoría de fraude» vinculada a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, tras verificar directamente con la dependencia, se le informó que dicha área no existe y que la persona que la contactó no forma parte de la institución. Es decir, la amenazaron con cargo inventado, como si intimidar con ficción fuera menos grave.
Además de las llamadas, denunció que no ha podido revisar de manera íntegra la carpeta de investigación ni acceder a algunos indicios asegurados por las autoridades, entre ellos un teléfono celular relacionado con el caso. Aunque autoridades han señalado públicamente que el expediente fue reabierto, la madre sostiene que no ha recibido confirmación formal ni acceso completo a los avances, y que únicamente le fue entregado un dictamen que previamente no había sido incorporado a su conocimiento.
El caso está vinculado a un operativo realizado el 7 de marzo de 2024 en un centro nocturno de Aguascalientes, donde fueron rescatadas 14 adolescentes víctimas de explotación sexual y laboral. Ahí fue detenido Homero «N», vinculado a proceso por sustracción de menores, corrupción de menores y pornografía infantil, quien permanece bajo prisión preventiva. La madre lo identificó como quien mantenía relación con su hija de 17 años y vivía con ella al momento de su muerte. Pese a las amenazas, la mujer reitera su intención de continuar con el proceso y exigir acceso a la información completa.
