La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar el aborto en septiembre de 2023, reconociendo derecho de mujeres y personas gestantes a decidir sobre interrupción del embarazo. El fallo respondió a amparo del Grupo de Información en Reproducción Elegida y obliga autoridades federales y estatales a cesar criminalización. Básicamente, máximo tribunal dijo «ya basta» pero implementación práctica depende de legislaciones estatales que reaccionan con velocidad de tortuga burocrática.
Hasta diciembre de 2025, 25 entidades aprobaron reformas despenalizadoras. Siete estados mantienen criminalización: Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcola. En Coahuila, Morelos y Durango tribunales federales ordenaron acatar sentencias pero congresos locales ignoran mandatos como adolescentes haciendo berrinche. En Durango, tribunal federal advirtió que diputados pueden ser sancionados hasta 10 años sin ejercer cargos públicos por incumplimiento. Amenaza que suena contundente pero hasta ahora genera más sueño que urgencia legislativa.
La Ciudad de México despenalizó desde 2007, seguida por estados como Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California y otros hasta completar 25 entidades. La mayoría permite interrupción voluntaria hasta 12 semanas, aunque Aguascalientes redujo plazo a seis semanas en agosto de 2024, retroceso que demuestra que avances pueden revertirse cuando legisladores priorizan ideología sobre derechos reproductivos.
El acceso práctico enfrenta obstáculos normativos y operativos. Telefem documenta negativas y demoras en hospitales públicos de Tabasco, Tlaxcola y Ciudad de México. Informe de GIRE reporta mil 337 averiguaciones previas por aborto en CDMX hasta 2023, mientras Nuevo León registró 742 denuncias y solo nueve acciones penales, sugiriendo que denuncia funciona como intimidación más que sanción efectiva. De 25 estados con aborto legal, solo nueve incorporaron regulación en leyes de salud y únicamente cuatro cuentan con programas públicos garantizando servicio. Human Rights Watch documenta que más de 72 mil personas viajaron del Estado de México a capital para abortar entre 2007 y 2024, cifra que evidencia turismo médico forzado por desigualdad territorial.
Colectivas feministas como Red de Acompañantes de Aborto León y GIRE mantienen litigios exigiendo que despenalización se traduzca en atención médica gratuita, segura y sin criminalización nacional. Mientras tanto, brecha entre marco legal y acceso sanitario continúa amplia como autopista federal sin mantenimiento.
