La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, reconoció públicamente que durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac, Estado de México (2019-2024), se llevó a cabo sacrificio de más de 10 mil perros, admisión tan escalofriante que convierte administración municipal en matadero canino masivo operando durante cinco años. La declaración ocurrió durante conferencia en Senado donde defendió que acciones se realizaron bajo protocolos establecidos por ley, justificación tan conveniente como cuestionable considerando magnitud de sacrificios ejecutados.
De acuerdo con su explicación, muchos de animales presentaban enfermedades incurables o habían protagonizado ataques a personas lo que afirmó justificó aplicación de eutanasia, argumento que suena razonable hasta considerar que 10 mil perros representa cifra tan masiva que sugiere política sistemática de exterminio no gestión selectiva de casos graves. «Todo fue conforme a normas oficiales mexicanas», sostuvo asegurando que existen expedientes y evidencia documental de casos atendidos por Centro de Bienestar Animal, nombre tan irónico para instalación que sacrificó 10 mil animales que merece premio a eufemismo gubernamental más cínico.
Durante intervención, legisladora explicó que algunos perros eran agresivos y habían causado lesiones graves a ciudadanos mientras que otros se encontraban en estado crítico de salud, categorías tan amplias que básicamente justifican cualquier sacrificio bajo pretexto de seguridad pública o compasión veterinaria. También señaló que existía comunicación constante con habitantes de Tecámac quienes solicitaban intervención de autoridades ante situaciones de riesgo, básicamente culpando a ciudadanos por solicitar soluciones que terminaron en exterminio masivo.
Gutiérrez Escalante insistió en que problema de sobrepoblación de animales callejeros no es exclusivo de municipio sino problemática nacional que requiere atención estructural, deflexión política que evade responsabilidad personal por implementar solución letal como respuesta default a problema complejo que requiere esterilización, adopción y educación ciudadana. La polémica se intensificó tras difusión de video en redes sociales compartido por activista Zyanya Polastri en que se observa a senadora en discusión con funcionarios de Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, grabación tan incriminatoria que contradice narrativa oficial de legalidad completa.
En grabación presuntamente fechada en octubre 2025, legisladora reconoce sacrificios realizados durante administración con material detonando críticas y reacciones por parte de organizaciones defensoras de animales y usuarios en redes sociales. Funcionarios de PROPAEM que aparecen en video aseguran que acciones ordenadas no habrían cumplido con protocolos legales entre principales acusaciones destacando falta de registros médicos adecuados que justificaran eutanasia, ausencia de supervisión veterinaria certificada en todos casos, y posible sacrificio de animales sanos sin evaluación individual, violaciones tan graves que convertirían operación en crimen contra bienestar animal no gestión sanitaria legítima.
Estas observaciones contrastan con versión de senadora quien insiste en que todas acciones fueron reportadas en informes de gobierno y ejecutadas conforme a normativa vigente, negación tan firme como probablemente falsa considerando testimonios de funcionarios estatales responsables de verificar cumplimiento legal. En país, manejo de fauna urbana está regulado por disposiciones como Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014 que establece métodos para garantizar muerte digna y sin sufrimiento permitiendo sacrificio únicamente en casos específicos como enfermedades incurables o riesgos sanitarios siempre bajo supervisión profesional, regulación tan clara que hace difícil justificar 10 mil eutanasias legales en cinco años.
Especialistas y activistas han señalado que sacrificio de animales sanos por falta de recursos o infraestructura está prohibido lo que ha puesto en centro del debate correcta aplicación de estas reglas en caso de Tecámac, cuestionamiento tan válido que probablemente activará investigaciones formales si presión pública continúa. La senadora es política de Morena que actualmente representa al Estado de México en Cámara Alta habiendo gobernado Tecámac durante dos periodos consecutivos, carrera política tan exitosa que aparentemente sobrevivió sacrificar 10 mil perros sin consecuencias institucionales hasta ahora.
Cabe destacar que en noviembre 2024 participó en discusión de reforma en materia de protección animal lo que ha generado críticas por aparente contradicción entre postura legislativa y acciones realizadas durante gestión municipal, hipocresía tan flagrante que legislar sobre protección animal después de ordenar muerte de 10 mil perros suena a absurdo político digno de sátira. El caso ha reavivado discusión sobre políticas públicas para control de animales en situación de calle en México así como necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión y bienestar animal, conversación nacional necesaria pero tardía considerando que miles de perros murieron mientras autoridades evitaban invertir en soluciones humanitarias como esterilización masiva, refugios adecuados y programas de adopción sostenibles.
Básicamente, senadora de Morena admitió que durante administración en Tecámac sacrificó más de 10 mil perros defendiendo legalidad de acciones bajo protocolos oficiales mientras funcionarios de PROPAEM capturados en video cuestionan cumplimiento de normas acusando falta de registros médicos, ausencia de supervisión veterinaria y posible sacrificio de animales sanos, escándalo que expone contradicción entre discurso legislativo reciente sobre protección animal y práctica administrativa pasada que convirtió Centro de Bienestar Animal en instalación de exterminio masivo operando durante cinco años bajo administración morenista que ahora enfrenta críticas de organizaciones defensoras de animales exigiendo investigación sobre legalidad real de operación que sacrificó cantidad industrial de perros callejeros usando eutanasia como solución default a problema de sobrepoblación que requiere inversión sostenida en alternativas humanitarias no ejecuciones masivas disfrazadas de gestión sanitaria responsable.
