La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) rechaza las propuestas legislativas que buscan castigar con mayor severidad a los adolescentes involucrados en delitos graves y llama a fortalecer la justicia juvenil centrada en la reinserción social y el respeto a los derechos humanos. El posicionamiento oficial de la dependencia advierte que elevar las penas o reducir la edad penal no resuelve el problema de fondo y podría contravenir las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano. Básicamente, SIPINNA dice que meter adolescentes más tiempo en internamiento no los reforma, solo los endurece más.
El debate legislativo en la Cámara de Diputados se enfoca en una iniciativa para reformar el artículo 18 de la Constitución, donde se plantea aplicar un régimen excepcional de consecuencias agravadas a adolescentes de 14 a 18 años involucrados en delitos como homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión o robo con violencia. Dicho modelo exige que existan elementos como planeación o violencia particular, análisis pericial del desarrollo del adolescente y una resolución judicial que justifique la insuficiencia de las medidas ordinarias.
La titular de la Secretaría Ejecutiva, Lorena Villavicencio Ayala, sostiene que endurecer las sanciones y extender el internamiento puede debilitar el principio de especialización y el enfoque diferencial por grupo etario. Villavicencio subraya: «El sistema no se fortalece con mayor punibilidad, sino con procesos de reinserción eficaces.» Para SIPINNA, modificar este esquema con base únicamente en la gravedad abstracta de los delitos, sin atender necesidades concretas de reintegración, implica desconocer que la reinserción depende de diferencias individuales, familiares y sociales.
La propuesta de reforma mantiene formalmente el sistema integral actual, pero introduce una dimensión más severa bajo el argumento de que ciertos delitos desbordan los alcances del modelo socioeducativo. La secretaría ejecutiva advierte que esta medida, aun si se plantea como excepcional, tensiona el principio constitucional de interés superior de la niñez y puede infringir los estándares internacionales que rigen la tutela de derechos de la infancia en México.
En la posición oficial, se insiste en que aumentar las penas o reducir la edad penal «no es la solución para prevenir la comisión de delitos». La respuesta real, argumenta Villavicencio Ayala, radica en atender causas estructurales de la violencia, transformar contextos familiares y fortalecer estrategias de reinserción social, siempre garantizando reparaciones integrales para víctimas directas e indirectas. SIPINNA pide justicia enfocada en reinserción, no en castigos más largos.
