La tarde del martes 14 de abril de 2026, activistas y defensores del territorio de San Gregorio Atlapulco en alcaldía Xochimilco denunciaron haber sido víctimas de ataque violento mientras se trasladaban en vehículo sobre Camino Real a San Pedro Actopan, agresión tan calculada que ocurrió justo después de que comunidad impulsara amparo para frenar obra hídrica en zona. Entre personas agredidas se encontraba Hortensia Telésforo Jiménez, integrante de Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco, quien señaló que ataque fue respuesta directa a victoria legal comunitaria.
«Fuimos perseguidos y agredidos por señora Yadira Flores y señor Mario Camacho, a quienes logramos identificar, originarios de Atlapulco», denunció activista en video divulgado en redes sociales. De acuerdo con Asamblea, ambos son considerados operadores políticos relacionados con autoridades capitalinas, acusación tan seria que sugiere que represalia no fue espontánea sino coordinada por actores con conexiones institucionales.
Según testimonio, mientras circulaban sobre carretera Xochimilco-Oaxtepec, agresores los alcanzaron a bordo de motocicleta. «En primer impacto nos dieron con piedra y, al agacharnos momentos después, se oyó explosión», relató, descripción tan aterradora que convierte defensa territorial en actividad de alto riesgo físico. Tras ataque, activistas mostraron en video ventana trasera del vehículo completamente destruida. «Más adelante quisimos detenernos pero no pudimos porque nos seguían persiguiendo», agregó Telésforo Jiménez, persecución tan prolongada que evidencia intención de causar daño mayor.
La agresión no se limitó a este incidente. Otros integrantes de comunidad que viajaban en segundo vehículo fueron interceptados en pueblo por grupo distinto, coordinación tan precisa que sugiere operativo planificado con múltiples actores. Para Asamblea, estos hechos evidencian patrón de hostigamiento sistemático contra quienes defienden territorio, táctica intimidatoria clásica para silenciar disidencia comunitaria.
El ataque ocurre en contexto de tensión por defensa del agua y territorio en San Gregorio Atlapulco. La comunidad obtuvo recientemente amparo judicial que obliga a autoridades a realizar consulta previa, libre, informada y de buena fe sobre obras relacionadas con drenaje y gestión del agua, victoria legal que aparentemente provocó represalia violenta inmediata. El objetivo, explicaron, es garantizar respeto a usos y costumbres del pueblo ante problema que lleva décadas: contaminación por aguas residuales.
De acuerdo con Telésforo Jiménez, autoridades han omitido realizar consultas adecuadas a comunidad. «Las decisiones se han impuesto», denunció, señalando que no se han incorporado elementos necesarios para proceso participativo real. Actualmente, advirtió, agua contaminada se vierte en resumidero lo que podría afectar pozos que abastecen tanto a San Gregorio Atlapulco como a otras zonas de Ciudad de México, riesgo ambiental tan grave que justifica resistencia comunitaria.
La problemática del drenaje en zona se remonta a más de 30 años cuando se instaló infraestructura para comunidad cercana. Posteriormente, sin consulta, se conectaron sistemas de otros pueblos incrementando descarga de aguas negras, expansión unilateral que convirtió problema localizado en crisis regional. Esta situación ha derivado en afectaciones ambientales graves incluyendo daños en zona chinampera reconocida por valor agrícola y cultural, destrucción de patrimonio histórico por negligencia institucional sistemática.
El conflicto también tiene antecedentes recientes. Hace menos de un mes, Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México emitió Recomendación 01/2026 responsabilizando a autoridades capitalinas por represión de protesta y detenciones arbitrarias ocurridas en 2024, vinculadas al cese de criminalización contra Hortensia Telésforo quien defendió espacios comunitarios y fue acusada por delito de despojo, persecución judicial que ahora se complementa con violencia física directa.
Ante hechos, integrantes de Asamblea General Permanente responsabilizaron públicamente a presuntos agresores y exigieron investigación inmediata así como garantías de seguridad para quienes defienden territorio, demandas justas que probablemente serán ignoradas como tantas otras denuncias de defensores ambientales en país donde proteger naturaleza frecuentemente cuesta más caro que destruirla con impunidad institucional.
