¡Jackpot de problemas! Estados Unidos anunció este martes sanciones contra casinos, empresas y personajes vinculados al Cártel del Noreste, que opera en el norte de México como si fuera el dueño del barrio. El Departamento del Tesoro puso la lupa sobre varios peces gordos y sus jugadas sucias.
Uno de los señalados es el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a solo 3.2 kilómetros de la frontera con EE. UU. Este lugar, regentado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), no solo reparte cartas, sino que sirve de escondite para pastillas de fentanilo y cocaína, además de lavar dinero más sucio que un billete de Monopoly. Otro en la lista negra es el Diamante Casino, en Tampico, Tamaulipas, que también juega en la liga de los negocios turbios.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) no se quedó corta y sancionó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, un operador del cártel que cruza inmigrantes indocumentados por el Río Grande hacia Texas como si fuera un ferry. También está Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del capo Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, cuya relación con el Cártel del Noreste va más allá de un simple contrato legal. Y no olvidemos a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, un supuesto activista de derechos humanos que, según el Tesoro, defiende a narcos violentos, paga por protestas y fabrica denuncias falsas contra el ejército mexicano.
Estas sanciones congelan todos los bienes de los implicados bajo jurisdicción de EE. UU. El Cártel del Noreste, declarado terrorista por Washington en febrero pasado, sigue siendo una espina en el pie con ataques como el de marzo de 2022 al Consulado en Nuevo Laredo. ¿Lograrán estas medidas cortar el juego o solo barajarán las cartas? Esto está más turbio que un casino de mala muerte.
