La Suprema Corte de Justicia de la Nación quita del cargo a Avelino Carmelo Toscano quien permanecía como magistrado de la Sexta Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a pesar de que su periodo terminó en 2019 luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no renovó su nombramiento. El caso forma parte de fenómeno más amplio: al menos 55 magistrados han promovido recursos para seguir en funciones tras concluir sus mandatos argumentando que se les debió considerar para nuevo periodo.
La magistratura de Toscano inició en 2009 por designación del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y concluyó formalmente el 14 de enero de 2019. Sin embargo, el exmagistrado tramitó amparo en marzo de 2024 contra el acuerdo presidencial que excluyó su nombre de las 28 magistraturas propuestas por el jefe del Ejecutivo. Como resultado del amparo, juez federal le concedió suspensión definitiva que le permitió mantenerse en el cargo durante más de cinco años adicionales.
El día de hoy, el pleno del máximo tribunal aprobó con seis votos el proyecto presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzo el cual revoca la suspensión definitiva que permitía a Toscano seguir como magistrado. El ministro Espinosa sostuvo que la figura de ratificación que buscaba Toscano no está prevista en la ley y que cualquier continuidad en el cargo debe darse exclusivamente mediante nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo.
Durante la discusión en el pleno, la ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió que 55 magistrados cuyos nombramientos vencieron entre 2018 y 2025 habrían iniciado juicios de amparo indirecto con la misma finalidad que Toscano. La ministra calificó esta actitud como «usurpar una facultad» reservada al Ejecutivo Federal ya que la ley establece que quien decide el nombramiento para nuevo periodo es la presidenta.
En respaldo al promovente, la ministra Yasmín Esquivel Mossa recordó que el pleno del TFJA sí había emitido opinión favorable respecto al desempeño de Toscano. Esquivel detalló que la Consejería Jurídica de la Presidencia recibió el 6 de diciembre de 2018 la opinión que confirmaba la inamovilidad del magistrado evaluado previamente con resultados «altamente satisfactorios» por la junta de gobierno y administración. Aun así, Esquivel subrayó que la suspensión judicial únicamente permitía a Toscano continuar provisionalmente mientras se resolvía de fondo el amparo y que en ningún momento obligaba al Ejecutivo a ratificarlo.
La decisión de la Suprema Corte exhibe la pugna entre el derecho a la permanencia de magistrados evaluados favorablemente y la facultad exclusiva del titular del Ejecutivo para conceder nuevos nombramientos. Al revocar la suspensión cautelar, la Corte sienta precedente y limita la vía de los amparos como estrategia para prorrogar cargos judiciales que la ley considera concluidos. Las cifras presentadas por Batres Guadarrama ponen en perspectiva la dimensión del tema: 55 jueces entre 2018 y 2025 han buscado el mismo beneficio lo que puede generar precedente relevante para los recursos en trámite y los que eventualmente se presenten.
Porque al final, cuando magistrado se mantiene cinco años extra en el cargo mediante amparo pese a que su periodo terminó y la SCJN lo quita exhibiendo a 55 casos similares, queda claro que la estrategia judicial para aferrarse a puestos sin nuevo nombramiento del Ejecutivo tiene límite y la Corte sienta precedente sobre quién tiene la facultad constitucional de decidir permanencias en el servicio público.
