Cinco cuerpos fueron extraídos de pozo de riego abandonado en límites de municipios de Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, entidad que ocupa primer lugar nacional en homicidios dolosos y donde crecen hallazgos de fosas clandestinas con frecuencia alarmante. La recuperación de cadáveres, dos mujeres y tres hombres, expone una vez más crisis de desapariciones en región donde cárteles convierten infraestructura agrícola en cementerios ilegales.
El hallazgo ocurrió tras varios reportes ciudadanos sobre olores nauseabundos provenientes del pozo, método de detección tan común en Guanajuato que vecinos ya reconocen hedor de muerte como señal de fosa clandestina cercana. Grupos de búsqueda y personal de Fiscalía General del Estado acudieron a zona de sembradíos apoyados por Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Protección Civil estatal, despliegue institucional masivo que contrasta con incapacidad de prevenir que pozos agrícolas se conviertan en fosas masivas.
Desde lunes 13 de abril, trabajos se concentraron en extracción de cuerpos afectados por dificultad del terreno y profundidad del pozo. Autoridades informan que zona permanece acordonada con fuertes medidas de seguridad para proteger participantes en labores de búsqueda mientras Fiscalía mantiene operativo activo presumiendo posible existencia de más restos humanos en sitio, prospecto tan probable como encontrar agua en pozo porque región está plagada de cadáveres ocultos.
El descubrimiento de fosas y cuerpos en Villagrán no es aislado. A finales de marzo de este año, colectivo de búsqueda localizó ocho cuerpos dentro de pozo en comunidad de Mexicanos, también en Villagrán. En enero, autoridades y buscadoras hallaron dos fosas clandestinas en Santa Cruz de Juventino Rosas con al menos 18 cuerpos, resultado de localización de 13 cadáveres íntegros y restos de cinco personas más en pozos agrícolas, cifras tan escalofriantes que convierten Guanajuato en epicentro nacional de crisis forense.
De acuerdo con informes de inteligencia policial, Villagrán, Santa Cruz de Juventino Rosas y Cortazar donde se han concentrado hallazgos recientes son municipios con fuerte presencia y control del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización que convirtió región en uno de puntos más críticos para descubrimiento de fosas clandestinas y narcopozos en país. En Cortazar, comunidad de Valencia de Fuentes, otra fosa clandestina fue ubicada en enero con 15 cuerpos extraídos en operación conjunta.
La magnitud de fenómeno también se replica en Irapuato donde tan solo en últimos seis años se han detectado 30 fosas clandestinas y se han exhumado restos de 234 personas, cifra tan devastadora que convierte ciudad en cementerio clandestino masivo. Uno de casos más recientes es de comunidad de La Calera donde se recuperaron 32 cuerpos, convirtiendo esa fosa en segunda más grande del estado después de Salvatierra donde en octubre 2020 fueron exhumados 81 cadáveres, récord macabro que ninguna entidad debería aspirar a romper.
Las fosas localizadas en zona agrícola de Irapuato, incluida de Tamahula, correspondieron a seis cuerpos ya identificados por colectivo Hasta Encontrarte. Información oficial ubica a Irapuato y Villagrán como epicentro de crisis forense con múltiples hallazgos en cortos periodos bajo constante alerta de colectivos dedicados a búsqueda de personas desaparecidas, trabajo heroico que familias realizan porque autoridades fallaron en proteger ciudadanos y castigar responsables.
Actividades del Cártel de Santa Rosa de Lima en estos municipios estarían directamente vinculadas a proliferación de narcopozos y fosas clandestinas según autoridades. Tanto en Villagrán como en comunidades, presencia de pozos utilizados como sitios de disposición de cuerpos coincide con operativos recientes y disputa territorial contra grupos delictivos rivales, guerra criminal donde víctimas terminan ocultas en infraestructura agrícola abandonada.
El saldo de homicidios en entidad también mantiene cifras alarmantes: en febrero pasado, Guanajuato registró 262 asesinatos ratificando posición como estado con mayor incidencia de homicidio doloso a nivel nacional, estadística tan vergonzosa que convierte entidad en zona de guerra sin declaración oficial.
Autoridades estatales y federales informan que trabajos de extracción e investigación siguen en marcha en Villagrán y zonas aledañas anticipando nuevas actualizaciones sobre número total de víctimas mientras familiares de personas desaparecidas mantienen exigencia de acciones efectivas para frenar fenómeno y garantizar búsqueda de justicia, demanda justa que lleva años sin respuesta institucional satisfactoria. La frecuencia de hallazgos en pozos y fosas agrícolas en Guanajuato ha revelado magnitud de crisis de desapariciones y violencia donde grupos delictivos convierten parcelas y pozos de riego abandonados en cementerios clandestinos con impunidad sistemática.
