La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que fortalece a la Auditoría Superior de la Federación con el objetivo de hacer más efectivo el combate a la corrupción en México. Con estos cambios, el órgano fiscalizador contará con mayores herramientas para investigar, sancionar y actuar de manera más ágil ante irregularidades en el uso de recursos públicos. La modificación legal busca dejar atrás la percepción de que la ASF era un ente con limitadas capacidades y convertirla en una institución con mayor poder operativo para detectar y castigar actos de corrupción. Básicamente, después de años siendo un perro guardián sin colmillos, ahora prometen que podrá morder de verdad.
Uno de los puntos clave es que la ASF podrá investigar en cualquier momento posibles faltas administrativas graves sin depender exclusivamente de los tiempos de revisión de la cuenta pública. Esto significa que podrá actuar de oficio o a partir de denuncias ciudadanas, incluso si los hechos se detectan fuera de los periodos tradicionales de fiscalización. Además, la reforma establece que podrá actuar contra servidores públicos de cualquier nivel, solicitar información bancaria y fiscal sin trabas burocráticas, y promover denuncias penales directamente ante la Fiscalía General de la República cuando detecte indicios de delito.
La nueva legislación permite que la ASF investigue de oficio cualquier falta administrativa grave conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas tanto por denuncia ciudadana como por auditorías. Este cambio elimina el límite temporal para abrir investigaciones, de modo que un caso denunciado después del cierre del ejercicio fiscal también podrá ser indagado y sancionado. Durante el debate, Ricardo Mejía Berdeja afirmó: «El propósito es darle dientes a la ASF, porque es necesario darle mayor capacidad de actuación.» Claro, porque hasta ahora solo tenía encías.
Otro aspecto relevante es la creación de un Sistema Nacional de Registro de Información sobre Recursos Federales que concentrará datos sobre el uso de dinero público y obligará a los entes gubernamentales a transparentar información. La ASF también podrá solicitar información directa a bancos y autoridades fiscales, promover denuncias penales cuando detecte delitos, y notificar electrónicamente para agilizar procedimientos. La reforma impone plazos más estrictos: la ASF deberá determinar el estatus de sus hallazgos en máximo 90 días hábiles evitando que casos queden abiertos indefinidamente.
El dictamen fue turnado al Senado donde se definirá si estos cambios se convierten en ley. De aprobarse, la ASF podría convertirse en una institución más activa con mayores «dientes» para investigar y sancionar el mal uso de recursos públicos. Porque al final, prometer que ahora sí fiscalizarán en serio suena bien hasta que recordamos cuántas reformas anticorrupción hemos visto pasar sin resultados concretos.
