Hasta hoy, matar a una mujer por ser mujer en México era como jugar ruleta jurídica: en Oaxaca te caía una sanción, en Nuevo León otra, y en algunos estados ni te molestaban en investigar. Cada entidad tenía su propia receta de justicia, como quien improvisa pozole sin seguir instrucciones. El resultado fue predecible: impunidad con sabor regional.
El Senado decidió que ya estuvo bueno de ese desmadre y aprobó por unanimidad, con 109 votos a favor y cero en contra, la reforma constitucional que permitirá crear la primera Ley General de Feminicidio impulsada por Claudia Sheinbaum. La reforma modifica el artículo 73 para que, por primera vez, existan reglas parejas en todo el país. Significa que no importa si el crimen ocurre en Chiapas o Sonora, la respuesta del Estado será la misma. Concepto revolucionario, casi como descubrir que el agua moja.
Lo más humano de la ley es la protección a los hijos huérfanos: acceso a salud, educación, apoyo psicológico y reparación del daño. Porque un feminicidio no solo destruye una vida, destruye familias enteras, y alguien finalmente lo puso por escrito.
La oposición aplaudió pero advirtió lo obvio: una ley bonita no sirve si nadie la aplica. México ya tiene marcos legales contra violencia de género que se incumplen como propósito de año nuevo. La pregunta es si las fiscalías tendrán recursos, capacitación y ganas de investigar cada muerte como feminicidio desde el inicio.
La reforma va ahora a Diputados y luego a 17 congresos estatales. Si funciona, será histórico. Si no, al menos quedará otro papel firmado en el archivo nacional de buenas intenciones.
